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Actualidad

El CERMI insta al Consejo de Europa a abandonar cualquier intento de adoptar un protocolo adicional al Convenio de Oviedo por ser claramente contrario al a Convención de la ONU de Discapacidad

18/08/2021

El CERMI insta al Consejo de Europa a abandonar cualquier intento de adoptar un protocolo adicional al Convenio de Oviedo por ser claramente contrario a la Convención de la ONU

Detalle de la página del BOE INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la MediciEl CERMI ha instado al Consejo de Europa y a los países que lo forman, entre ellos España, a abandonar cualquier intento de adoptar el protocolo adicional al vigente Convenio de Oviedo por entrar en clara contradicción con los mandatos de derechos humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Secundando la petición realizada el pasado mes de junio en este mismo sentido por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Relator Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el CERMI, como representación unitaria de la discapacidad organizada en España, reclama al Consejo de Europa que abandone una preocupante línea de trabajo que retrocede en el enfoque de derechos humanos aplicado a las personas con discapacidad, muy en particular a las que tienen problemas de salud mental.
 
Como ha denunciado la ONU, el Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, conocido coloquialmente como Convenio de Oviedo, mantiene un enfoque de la política y práctica de salud mental basado en la coacción, lo cual es incompatible con los principios y reglas uniformes contemporáneos de derechos humanos.
 
Desde hace meses la organización social Salud Mental España, con el apoyo del CERMI, viene realizando gestiones de incidencia y presión ante el Gobierno español, a través del ministerio de Sanidad, para que este encabece una posición firme contraria a los derroteros actuales de los trabajos preparatorios que desarrolla el Consejo de Europa, y refuerce como única admisible la dimensión de derechos humanos consagrada en la Convención de la ONU de 2006.
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